


Las actividades financieras y comerciales tienen como pilar fundamental la confianza en sus administradores, representantes legales y funcionarios. Las entidades y sociedades comerciales, por su parte, están obligadas a mantener ciertos deberes que permitan el adecuado funcionamiento de la economía, de allí que, cualquier infidelidad de sus colaboradores tiene el potencial de causar un daño irreparable. Una respuesta jurídica tendiente a desmotivar la infidelidad y a ratificar la importancia de un comportamiento empresarial adecuado se hace necesaria para evitar posibles fraudes, vulneración de esquemas de seguridad y hechos que revistan las cualidades de delitos.
La ciudadanía en una comunidad política tiene una serie de derechos esenciales, entre ellos, una asistencia jurídica en procura de sus intereses dados por la Constitución, la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia. En esa medida, como procesados, víctimas o perjudicados le compete a las y los ciudadanos una asistencia profesional con pleno conocimiento de la ley vigente (Ley 906 del 2004, entre otras) donde prime la agilidad y destreza con la que puedan transmitirse los argumentos, así como el manejo adecuado y cabal de las herramientas jurídicas para alcanzar los fines buscados.
