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Consultoría
Cuenta con un completo e integral equipo de abogados especializados en el campo, los cuales se encuentran bajo la dirección general y jurídica de su socio fundador Ricardo Gaviria Ramírez quien cuenta con mas viente (20) años de experticia en el área penal, cuatro de ellos dedicados a la defensa de personas naturales, los demás como director jurídico y general de firmas de abogados penalistas con experiencia en litigios y asesorías de entidades financieras, sociedades comerciales y personas naturales
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Consultoría

Instituciones financieras y sociedades comerciales

La adopción en Colombia del denominado Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) introdujo algunas figuras del derecho penal económico de corte europeo, cuyo auge se evidenció en España y Alemania. Figuras como la administración desleal y la corrupción privada tienen gran incidencia en el sector empresarial, no sólo al momento de adoptar decisiones comerciales por los órganos directivos y representantes legales, sino también como mecanismo para asegurar los deberes en el tráfico comercial mediante la judicialización de las conductas de empleados que llegaren a infringir estos tipos penales.

Lo mismo ocurre con los delitos informáticos (Ley 1273 de 2009) cuando de administrar datos confidenciales de los usuarios de las entidades financieras y afines se trata. Así como la incidencia de las modificaciones relativas al sector de la seguridad social, fondos de pensiones y cesantías en cuanto a la agravación de penas y la introducción del peculado culposo frente a recursos de la seguridad social integral. Estas razones, aunadas a la incidencia de aquellos delitos “clásicos”, develan la necesidad de contar con una correcta asesoría jurídico-penal para evitar contingencias en las compañías

Personas Naturales

La expansión del derecho penal sobre distintos ámbitos de la vida cotidiana y la tendencia de acudir a éste como primer instrumento de solución de conflictos expone a los ciudadanos a un posible contacto con el sistema penal en tanto sujetos activos o pasivos. Ello requiere de una correcta asesoría y guía sobre las herramientas jurídicas que, tanto la legislación como la jurisprudencia, pone a disposición para la legítima protección de los intereses de los asociados.